La esterilización forzosa en Perú, generalmente a mujeres indígenas, sigue siendo juzgada por la ciudadanía, la misma que reclama a Alberto Fujimori, expresidente de Perú, se haga responsable por las miles de mujeres que fueron esterilizadas contra su voluntad durante su periodo presidencial, el cual empezó en 1990 y finalizó en el año 2000.
Las historias recabadas por la BBC de Londres, revelan cómo muchas de ellas fueron esterilizadas contra su voluntad y cómo es que, actualmente, se indica en el discurso político, que se realizó con el propósito de reducir la pobreza en el país.
Serafina, Rudecinda, Victoria, son solo tres nombres de mujeres indígenas que fueron esterilizadas en su contra. Serafina, de acuerdo a BBC, despertó en la morgue de un hospital de Cuzco, después de ser declarada muerta durante una operación de ligadura de trompas. En ese tiempo ella tenía 34 años y afirmó que ella no dio ningún permiso para que se le practicara dicha cirugía.
Esto tuvo lugar en el 1997, el mismo año en que a Victoria Huamán, la cual estaba supuestamente anestesiada, despertó varias horas después sin darse cuenta que ella había sido sometida al procedimiento de esterilización cuando apenas tenía 29 años. En el caso de Rudecinda, a ella le dijeron que no le entregarían el certificado de nacimiento de su cuarto hijo, a menos que se ligara las trompas. Como se rehusó, la pusieron en una cama en el hospital y la ataron de pies y manos mientras la anestesiaban.
Veinte años de impunidad que así se justifican:
El expresidente peruano, Alberto Fujimori, y sus exministros de Salud, Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, forzaron la esterilización de las mujeres andinas para poder reducir la pobreza en el país.
Como fruto de este programa de esterilización que fue impulsado por el expresidente durante su segundo mandato (1995-2000), fallecieron 18 mujeres, de ellas 5 por lesiones graves directamente causadas por la intervención quirúrgica, cirugías que dejaron secuelas físicas en unas 1.300.
El fiscal Pablo Espinoza, representante de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial, presentó los cargos contra el exmandatario, sus exministros y otros tres exfuncionarios de salud, en el inicio de la audiencia remota dirigida por el magistrado Rafael Martínez.
Este es uno de los casos más emblemáticos de presunta violación a los derechos humanos, caso que ha esperado más de 20 años para su proceso y después de que otra denuncia previa fuese desestimada por la fiscalía hace unos años.
El expresidente, quien ya cumple una condena de 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos, estuvo siendo representado por su abogado César Nakazaki, ya que él decidió no estar presente en la audiencia, debido a que sostiene que no puede ser procesado por este caso porque no estuvo incluido en su expediente cuando fue extraditado de Chile.